Tecnología y desigualdad. La concentración de riqueza en la economía digital

Amelita Galli-Curci escribiendo a máquina, c. 1920. Library of Congress. Public Domain.

Que la tecnología es una fuerza transformadora y un motor para el cambio social es una creencia dominante en Occidente, como mínimo desde la Revolución Industrial. En su concepción optimista, es lo que permite que un dron transporte ayuda humanitaria a zonas aisladas por catástrofes naturales o que centros de fabricación digital como los FabLab creen redes inalámbricas de Wi-Fi en Afganistán o Kenia. Para las visiones pesimistas, esa misma revolución tecnológica es la que amenaza a sectores laborales por completo, tiende a concentrar las rentas generadas en unas pocas empresas y ofrece un poder enorme a aquellas compañías que comercian con datos de los ciudadanos.

El Banco Mundial, un organismo tradicionalmente alineado con la visión liberal de la economía, aunque sensible a algunos de los retos de la globalización, sorprendió el pasado enero alertando del impacto de la tecnología sobre la desigualdad social. Si bien reconoce que la revolución digital ha generado beneficios a corto plazo, su informe anual sobre el desarrollo destaca que la mayoría son privados y se concentran en pocas manos. Las ganancias están fortaleciendo el bienestar de una élite de empresas y profesionales bien formados para este nuevo entorno, pero no el de la sociedad en su conjunto.

Las causas de esta relación entre tecnología y desigualdad serían:

1. La persistencia de la brecha digital. Un 60% de la población mundial sigue sin conexión a Internet, y por lo tanto, excluida de la economía digital.
2. La concentración del mercado en las empresas ya establecidas, creando monopolios que a menudo se refuerzan con ayudas públicas.

Para corregir esta situación, el informe del Banco Mundial propone estrategias amplias que no solo afectan al sector tecnológico, y que podrían resumirse en: más acceso (especialmente en los países en desarrollo), formación en habilidades y flexibilidad durante toda la vida y garantizar la competencia mediante regulación e instituciones responsables. Que un organismo como el Banco Mundial ‒al que incluso se ha acusado de agravar la pobreza en lugar de reducirla‒ elabore un diagnóstico de este tipo implica un cambio notable en la percepción de la economía digital. Sin embargo, las medidas para solucionar el problema merecen ser analizadas.

¿Mayor acceso, más inclusión?

En la última edición del Mobile World Congress, Mark Zuckerberg criticó a las operadoras telefónicas por priorizar la tecnología 5G en lugar de asegurar el acceso barato a Internet en todo el mundo. Desde hace años, Facebook está impulsando un servicio de conexión gratuita a la red que ya ha probado en zonas remotas de África, América Latina y Asia. No obstante, en la India algunas empresas han retirado el apoyo al proyecto al señalar que es contrario a la neutralidad en la red, ya que solo favorece el acceso a ciertos sitios web y aplicaciones en perjuicio de sus competidores y de la información en general.

One Laptop per Child, Nigeria. CC-BY.

En un mundo en el que solo una de cada tres personas tiene acceso a Internet, atajar la brecha digital es una medida necesaria e incuestionable. Pero, iniciativas como las de Facebook evidencian que más conexión no significa necesariamente una mayor inclusión en el mercado o, como mínimo, en igualdad de oportunidades. Por otro lado, dado que casi el 20% de la población mundial no ha podido aprender a leer o escribir, es improbable que la expansión de la tecnología por sí misma implique el fin de la brecha digital. Es necesario que el acceso a Internet venga acompañado de medidas para su aprovechamiento, tanto a nivel educativo como de servicios sociales básicos. No hay que olvidar que en los países en desarrollo ya son más los hogares que poseen un teléfono móvil que los que tienen acceso a electricidad o agua potable.

La formación de personas cualificadas para la economía digital, otra de las recomendaciones del Banco Mundial, es una medida a la que no se puede objetar demasiado. Pero, en los países desarrollados, la crisis ha demostrado que ni siquiera las personas más formadas tienen asegurada la inclusión en la economía. Y para las integradas, su nivel educativo no siempre se traduce en una remuneración proporcional. Todo ello mientras la automatización de los empleos destruye puestos de cualificación media, polarizando el mercado laboral entre personas altamente formadas, por un lado, y aquellas que llevan a cabo tareas rutinarias que las máquinas no son capaces de realizar, por otro. En resumen, una brecha que conlleva la captación de las actividades de alto valor añadido por una élite especializada, mientras que una parte creciente de la fuerza de trabajo queda relegada a actividades poco productivas y de escaso valor.

Monopolios tecnológicos y estado del bienestar

Además del acceso y la formación, el Banco Mundial apuesta por regular la competencia entre empresas y asegurar que las instituciones públicas sean responsables. A pesar de las teorías liberales sobre la autorregulación del libre mercado, los ejemplos de Microsoft, Google o Amazon demuestran cierta tendencia hacia la creación de monopolios naturales en Internet. Una concentración de poder que a menudo se acompaña de prácticas anticompetencia y de captura política mediante actividades de lobby. Por otro lado, muchos gobiernos e instituciones depositan sus esperanzas de crecimiento o adaptación tecnológica en manos de las grandes corporaciones, en lugar de invertir en iniciativas locales.

Si bien es cierto que la tecnología también es una herramienta que permite cambiar el orden establecido, el teórico del procomún Yochai Benkler ha señalado que la flexibilidad que trae consigo la revolución digital también produce dispersión de poder. Por un lado, Internet ha facilitado que individuos, empresas y organizaciones pequeñas compitan con rivales más poderosos con posibilidad de derrotarlos. Pero esa misma flexibilidad ha traído inestabilidad laboral a gran escala, debilitamiento del estado del bienestar y riesgo para sectores económicos por completo; en ocasiones con la paradoja de etiquetar el proceso bajo el paraguas de la «economía colaborativa».

CC-BY-SA Institute for Money, Technology and Financial Inclusion.

Medidas contra el determinismo tecnológico

Que la tendencia que se ha expuesto sea o no la dominante en el futuro no es inevitable. Contra el pensamiento determinista que considera a la tecnología como una especie de fuerza de la naturaleza contra la que no se puede luchar, hay que recordar que los distintos actores sociales y grupos de interés son los que dan forma a la innovación, en un proceso de influencias mutuas.

Frenar el impacto de la tecnología en la desigualdad pasa necesariamente por medidas analógicas, como regular el sistema fiscal para evitar la fuga de impuestos de las empresas tecnológicas, así como gravar más las rentas del capital que las del trabajo. También es posible crear registros públicos obligatorios de las actividades de lobby, de modo que la ciudadanía pueda conocer las influencias que reciben las instituciones por parte de empresas tecnológicas. Por otro lado, la creciente flexibilización de la economía requiere de sistemas de protección social más fuertes, que, además de garantizar la educación en capacidades digitales, sirvan de red de seguridad en un entorno volátil.

Desde el campo de la ciudadanía, se puede reclamar la apertura de datos de las grandes plataformas o usar aquellas diseñadas en abierto, de modo que la información de los usuarios esté en sus manos, aunque las empresas puedan usarlas con su consentimiento. En esta línea, destacan propuestas como el «cooperativismo de plataformas», que propone que los usuarios sean propietarios de los servicios, para que los beneficios que generan repercutan en la sociedad y no en intereses privados. Todo ello contribuye a nuevas formas de entender la relación con la tecnología que no solo pasan por solucionar las consecuencias, sino por repensar la arquitectura del sistema. Atajar el impacto de la tecnología en la desigualdad requiere diseñar tecnología e instituciones que no solo prioricen el crecimiento macroeconómico, sino que tengan como eje el impacto social.