La medusa comú (Aurelia aurita). cliff1066™.
Mientras en España se debate la ley de transparencia, nuevas iniciativas gubernamentales promueven prácticas de transparencia en distintos sectores de la administración pública. Hace tres meses les llegó el turno a las instituciones culturales y esto fue recibido con cierto nerviosismo entre museos y centros culturales a los que nunca antes se les había exigido que rindieran cuentas a través de sus páginas web. Pero más allá de estar obligadas a compartir ciertos datos, las instituciones deberían descubrir que ofrecer su open data no solo va a tono con una ciudadanía que pide cada vez más acceso a la información, sino que además puede convertirse en una nueva forma de diálogo que promueve el compromiso y la innovación.
En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas reciben. Pese a no ser un concepto nuevo, en el marco de la Web2.0 y la datificación de prácticamente todo, desde organizaciones hasta humanos, la importancia de activar mecanismos de transparencia cobra especial relevancia. Por un lado, la tecnología nos brinda la posibilidad de rescatar, almacenar y compartir cantidades inusitadas de datos. Por el otro, permite la existencia de plataformas desde donde esos datos se distribuyen, Open Data Bcn, y otras donde los ciudadanos pueden exigir acceso a las informaciones que les competen. Organizaciones como Transparency International, por ejemplo, velan por el acceso a la información pública con un claro enfoque en la lucha contra la corrupción y la activación de procesos de rendimiento de cuentas. En España, la fundación ciudadana Civio busca contribuir al reconocimiento del derecho de acceso a la información, para que más ciudadanos soliciten, accedan y utilicen datos.
En junio de este año, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) inició un programa llamado “Transparencia en el sector artístico” que obliga a los centros de arte contemporáneo y museos que son financiados total o parcialmente con dinero público a que pongan sus datos en abierto y a disposición de la ciudadanía en sus sitios web. Además, el IAC ha creado una tabla de categorías que permite medir el cumplimiento de esta iniciativa asignando puntos a las instituciones según estas hayan compartido o no información respecto a: quién, información sobre la entidad y las personas que trabajan en la misma; qué, información sobre lo que hace la entidad, sobre sus líneas de actuación, actividades y servicios; y cuánto y cómo, información sobre cómo se llevan a cabo estas actividades y servicios, cuál es su coste y cómo se gestiona. Según los impulsores de esta iniciativa, uno de los objetivos del ranking de transparencia es ayudar a las instituciones a ser más eficientes a la hora de manejar sus recursos y que la ciudadanía tenga acceso a información respecto a su performance.
A nadie le gusta ser evaluado y menos si las categorías sobre las cuales se realiza dicha evaluación han sido definidas sin la participación de aquellos que serán juzgados. La transición hacia prácticas más transparentes puede ser un proceso complejo que implica la orquestración de distintas áreas de las instituciones, así como también decisiones respecto a cómo presentar los datos para que se conviertan en informaciones que tengan sentido para los ciudadanos. Pero es una transformación necesaria: en 2010, la Fundación Compromiso y Transparencia publicó el informe “A través del espejo. Transparencia en la web de los museos españoles”, que ponía en evidencia la opacidad con la que, en general, los museos españoles manejaban sus informaciones. Según la investigación, por ejemplo, tres años atrás apenas un 2% de los museos españoles publicaba su plan estratégico; sólo el 20% daba a conocer información relativa a sus decisiones sobre a la adquisición y préstamos de sus colecciones; y ninguna de las instituciones estudiadas publicaba el perfil completo de su estructura directiva, plantilla y miembros de su patronato.
Más allá de los datos que estén obligadas a compartir o no, lo cierto es que algunas instituciones culturales han descubierto que compartir open data a través de sus sitios web, puede ser una excelente manera de establecer nuevas formas de diálogo con la ciudadanía, fomentar su participación, e incluso disparar la innovación cultural. En el mundo anglosajón, la práctica de poner información interna a disposición del ciudadano lleva más de una década: la British Library de Londres publica un Annual Report & Accounts en su web desde 1999, e incluye en su web todo tipo de datos que pueden servir a los ciudadanos o a otras instituciones. El Museo de Arte de Indianapolis, por ejemplo, desde 2008 se comunica con los ciudadanos a través de una sección en su web llamada “dashboard”, donde publican datos abiertos en tiempo real no sólo respecto a las cuentas de la institución, sino también al consumo de energía en el edificio, las obras de arte actualmente en exhibición, el valor de la dotación del museo, el tiempo promedio de visitas al sitio web, etc. En el sitio del Rijks Museum es posible acceder a toda su colección en imágenes de alta resolución: ¿quieres montar una app con ese contenido, armar una exposición virtual o hacerte un cuadrito? ¡Bienvenido!
Comparte o buscaremos bajo tu alfombra
Parece que el debate ya no pasa por compartir datos o no compartirlos. En un mundo de “Gobierno Abierto”, Wikileaks y la reciente StrongBox (la nueva plataforma del New Yorker donde los usuarios, de manera anónima, pueden enviar documentación confidencial a periodistas), datos y transparencia deberían ir de la mano. El escándalo suscitado a partir de las declaraciones de Edward Snowden sobre las irregularidades cometidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mejor conocida como NSA, pone en evidencia al menos dos fenómenos cruciales: que el secretismo tiende a devenir en abuso de poder y que la ciudadanía, cada vez más, exige transparencia.
Los ciudadanos van a por ellos: si no brindas los datos, peor para ti. Hace algunos meses una nueva iniciativa que utiliza las posibilidades de la tecnología causó furor en los medios. Desde la intimidad de su casa, un joven programador puso a disposición de todos los usuarios de iPhone y Android una aplicación que permite a los consumidores utilizar la cámara de sus móviles para escanear los productos del supermercado y descubrir su procedencia. Se trata de Buycott, una herramienta para descubrir qué productos están directa o indirectamente relacionados con los multimillonarios conservadores Charles y David Koch, dos hermanos que controlan la segunda empresa privada más grande en los EE.UU., Koch Industries.
¿Y por qué tomarse el trabajo de programar una app para boicotear una megaempresa? Los hermanos Koch habrían financiado propuestas destinadas a detener la legislación sobre el cambio climático en California, las campañas en Wisconsin para limitar el poder de los sindicatos, además de promover su visión política a través de frecuentes donaciones a organizaciones que instigan políticas conservadoras. Buycott busca poner esta información a la vista de los consumidores para que ellos gocen del conocimiento y la autonomía necesarias para decidir si quieren o no comprarle a empresas que apoyan causas que ellos consideran moralmente cuestionables. La flamante aplicación para alertar a los consumidores no es una iniciativa aislada. Project Provenance, que se abrirá al público en escasas semanas, permite a las empresas “contar las historias” detrás de cada uno de sus productos (quién lo hizo, dónde y por qué) para que los consumidores tomen decisiones informadas. Provenance (proveniencia) es una plataforma de transparencia construida sobre una colección de datos abiertos.
El deseo por mayores niveles de transparencia, así como también por castigar a aquellas empresas o instituciones que implementan políticas ética y moralmente cuestionables, ha dado tracción a protestas ciudadanas como la que condenó a Monsanto por su uso de Organismos Genéticamente Modificados. “Marcha contra Monsanto” nació como una página de Facebook y llegó a inspirar protestas en 52 países. Plataformas como Change.org, School of data, What Do They Know? (UK) o Legco Hansard Parser (Hong Kong), permiten a los ciudadanos crear peticiones para obtener acceso a información o promueven prácticas en favor de la transparencia. Y cada vez son más.
Parece inevitable que las empresas y las administraciones públicas tendrán que reconocer esta ola y encontrar formas creativas para integrar las exigencias de una ciudadanía que quiere tener acceso a los datos (en muchos casos, sus propios datos). Y esto irá a más: a medida que desplegamos más redes de sensores para obtener datos respecto a todo lo que compone el ecosistema urbano, incorporamos la informática personal (Nike+ Fuelband, FitBit, etc.) a nuestras vidas para cuantificar cada uno de los procesos de nuestro cuerpo, los ciudadanos empujan activamente por una mayor transparencia y crecen las preocupaciones en torno a cuestiones de privacidad: ¿Qué tipo de datos produces o recoges? ¿Cómo me los muestras para que sean útiles para mi? ¿Para qué los usas y cómo puedo usarlos yo?
La transparencia ayuda a crear confianza, una gran ventaja en un mundo interconectado donde la moneda de cambio será la reputación. La confianza construye capital social, un componente clave en la riqueza de toda comunidad. La transparencia es inteligente.
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