Noticias falsas y censura en África

Señales en una calle. Tobruk, Libia, 1942 | Library of Congress | Dominio público

En lengua lugwere, uno de los idiomas nacionales de Uganda, lugambo es la palabra para referirse a los chismes. Y para Yoweri Museveni, el presidente del país, es la principal actividad de las redes sociales. Durante la primera mitad de 2018, el presidente inició una cruzada contra las conversaciones intrascendentes, los bulos, los rumores y el parloteo en Internet. El lugambo fue el motivo argumentado para imponer una tasa al uso de las redes sociales. Para los defensores de la libertad de expresión se trataba, en realidad, de la excusa para dificultar el acceso a las herramientas digitales que se empeñaban en contrariar a Museveni. En realidad, su relación con la red es complicada desde hace años. En 2016 no tuvo reparo en bloquear las redes sociales durante las elecciones presidenciales, en reconocer que lo había hecho y en justificarlo como «una medida de seguridad para evitar mentiras que incitasen a la violencia». Pero es que además ya había hecho lo propio cinco años antes, en las elecciones de 2011.

Museveni no es el único que adopta medidas radicales en pro de la seguridad y que decide que la mejor manera de evitar la difusión de informaciones falsas es impedir el acceso a Internet. De hecho, más allá de quienes arriman el ascua a su sardina, en el continente africano hay una preocupación creciente por la expansión de bulos y rumores a través de soportes digitales. Todavía no hay demasiadas investigaciones, pero uno de los pocos estudios existentes señala que los africanos están más expuestos a las noticias falsas que los estadounidenses. Así, al menos, lo ven los propios protagonistas. Un estudio preliminar de académicos de las universidades de Ciudad del Cabo y Houston señalaba que los usuarios kenianos, nigerianos y sudafricanos tenían una sensación de exposición a las noticias falsas mayor que la expresada por usuarios estadounidenses en una investigación anterior de Pew Research Center.

A estas alturas son habituales las informaciones falsas que se aprovechan del entorno digital para crecer y expandirse, pero lo más preocupante son sus consecuencias. El escándalo de Cambridge Analytica puso al descubierto la participación de la empresa en las campañas electorales de Nigeria en 2015 y de Kenia en 2013 y 2017. Entre las acciones de la «compañía de análisis de datos», estaba la manipulación informativa. Un arrepentido de la firma reconoció que en Nigeria habían elaborado y difundido un vídeo que dibujaba a uno de los candidatos como un partidario de la imposición de la charía y que insinuaba que recurría indiscriminadamente a la violencia. Casualmente, durante la campaña keniana de 2017 circuló un vídeo con el mismo tono apocalíptico respecto a las supuestas posturas de uno de los candidatos.

Una investigación de la BBC revela que en junio de 2018 una serie de informaciones falsas y de fotografías explícitas (pero manipuladas) de violencia extrema avivaron el enfrentamiento entre comunidades étnicas en el Estado de Plateau, un estado del centro de Nigeria. «La policía nigeriana señala que las informaciones falsas y las imágenes incendiarias en Facebook contribuyeron a más de una docena de recientes asesinatos en el Estado de Plateau, una zona azotada por la violencia étnica», afirma el medio británico. La misma investigación señala que estas informaciones falsas encontraron un canal de distribución sobre todo en Facebook, y que la red social destina recursos insuficientes a impedir que las noticias falsas circulen entre sus perfiles en el país africano.

El continente ya ha sido escenario de las peores consecuencias de la manipulación de la información. Los conocidos como «medios del odio» tuvieron un papel fundamental en el genocidio de 1994 en Ruanda. Mucho antes de las redes sociales y de las herramientas digitales, la Radiotélévision Libre des Mille Collines (RTLM) y la revista Kangura se encargaron de calentar el ambiente, de difundir informaciones falsas y de demonizar, criminalizar y caricaturizar a una parte de la población, para acabar deshumanizándola y llamando al exterminio, con aquellas conocidas apelaciones a acabar con «las cucarachas».

La preocupación por ese protagonismo creciente de las noticias falsas en África tiene que ver con cuatro elementos. En primer lugar, con la presencia constante de la telefonía móvil, que alcanza a ocho de cada diez habitantes del continente y que supone la disponibilidad masiva de canales de comunicación instantáneos. En segundo lugar, con el vertiginoso acceso a Internet, que ha hecho que en cinco años se hayan duplicado el número de usuarios y el grado de penetración de la red. Es decir, que hay más de 250 millones de africanos con menos de cinco años de experiencia de uso de la red. En tercer lugar, con la juventud del continente, que hace que la mitad de la población tenga menos de dieciocho años y que la edad media sea de diecinueve años. Y, por último, con la frecuencia con la que actores políticos intentan instrumentalizar las cuestiones étnicas, religiosas o culturales.

Sin embargo, las sociedades civiles africanas no se han quedado mirando con pasividad este fenómeno global, sino que se han movilizado para reducir el impacto de las noticias falsas y los discursos de odio a través de las redes. En los últimos siete años, la organización AfricaCheck ha consolidado su posición de líder africano en la verificación de información. Implantada en Sudáfrica, Nigeria, Senegal y Kenia, los profesionales de esta organización de la sociedad civil han conseguido rectificaciones de grandes medios y, sobre todo, han plantado la semilla del factcheck en panoramas mediáticos nacionales. PesaCheck es una muestra de este interés creciente. Nació en 2016 y lo hizo pensando en centrarse en los presupuestos de los países de África oriental, fundamentalmente Kenia, Tanzania y Uganda. Y, a pesar de ese objetivo inicial, han acabado verificando informaciones en muchos más temas. Más allá de las plataformas consolidadas, se extienden por el continente pequeñas iniciativas más modestas que, al menos, demuestran cierta sensibilidad.

En paralelo, otras organizaciones de la sociedad civil ponen coto a ese peligroso flujo de información manipulada, falsa y malintencionada. En situaciones especialmente críticas, colectivos que están más familiarizados con el entorno digital lanzan iniciativas para alertar de los bulos que circulan por las redes y para frenarlos. La República Centroafricana es el cuarto país del mundo con menor penetración de Internet: solo cinco de cada cien centroafricanos tienen acceso a la red. Sin embargo, una organización de blogueros del país lanzó hace unos meses una iniciativa para evitar los discursos de odio y las noticias falsas. Dos datos que pueden resultar interesantes son, de un lado, que la República Centroafricana aparece en la lista de las crisis humanitarias más olvidadas del Consejo Noruego para Refugiados, y del otro, que, en paralelo, las partes implicadas en el conflicto están inmersas en unas conversaciones de paz que han despertado grandes esperanzas. Los blogueros no quieren que un rumor difundido por las redes de al traste con esta oportunidad para acabar con la violencia.

Esta preocupación y el ruido global en torno al fenómeno de las noticias falsas han sido, en todo caso, el pretexto ideal para los gobiernos que no creen en la neutralidad de la web. Los que antes bloqueaban Internet para silenciar las protestas y evitaban dar explicaciones o remitían a vagos problemas técnicos, hoy creen tener un argumento. La voluntad de frenar unas noticias falsas que alimentarán el odio y desencadenarán la violencia es un comodín y sirve, por ejemplo, cuando se intenta evitar que se difundan imágenes de represión policial o, incluso, cuando se pretende poner trabas a una sociedad civil que se hace responsable de su destino político.

Lo veíamos en el caso de Uganda, con un Yoweri Museveni muy preocupado por las mentiras que corren por las redes sociales –por cierto, después de treinta y tres años ininterrumpidos de control del poder y con la experiencia que le da ser el tercer presidente más veterano de África. Pero el argumento para un apagón de Internet justo después de unas elecciones que se celebraban con dos años de retraso y en un clima extremadamente tenso de sospecha de fraude ha sido el mismo que el que después se ha utilizado en la República Democrática del Congo.

La amenaza de la mentira no solo justifica los apagones, sino también todo tipo de medidas de control. A mediados de 2018, el gobierno de Tanzania puso en marcha toda una batería de medidas que incluyen una tasa anual de más de 900 dólares a los blogueros en concepto de autorización; una autorización que, sin embargo, el gobierno puede revocar en caso de publicar contenidos que «causen molestias, amenacen con provocar daños o inciten a cometer delitos», o bien que pongan en peligro «la seguridad nacional, la salud o el orden público». A principios de este año, la ministra de información de Zimbabue anunció los trabajos para redactar un paquete de leyes sobre el entorno digital, desde la regulación del comercio electrónico, hasta la lucha contra la cibercriminalidad. Decía que pretendían que «Internet y el resto de tecnologías similares sirvan para el bien social y no para poner en riesgo la seguridad nacional».

En todos los casos que hemos comentado, las organizaciones de defensa de los derechos digitales y de la libertad de expresión han sido las primeras en lanzar iniciativas ciudadanas para frenar esos discursos de odio y esas noticias falsas, pero también han sido las primeras en alertar de las derivas antidemocráticas de las medidas anunciadas por las autoridades utilizando la coartada de la defensa de la verdad.