Hacia un procomún de datos

Fila de alpinistas | Max Pixel | Dominio Público

La economía de plataforma, o más conocida como colaborativa, puede adoptar modelos muy diversos, que plantean a la sociedad tanto nuevos retos como oportunidades. De los modelos procomunes de las comunidades de software libre o Wikipedia, basados en la gobernanza compartida de las comunidades, el conocimiento abierto y la responsabilidad social, a los modelos extraccionistas de Uber o Deliveroo, con una gobernanza que sigue una lógica extraccionista, tecnología cerrada y de impactos disruptivos y que genera importantes controversias (como hemos visto recientemente en relación al sector del taxi, por citar un ejemplo).

Un elemento distintivo de ambos modelos lo encontramos en la política de datos. Una política de datos abiertos garantiza a las comunidades transparencia y acceso al valor que se ha generado en las interacciones de la plataforma. Pero, más allá de las implicaciones que puedan tener las políticas de datos para las comunidades que interactúan en estas plataformas, con este texto queremos invitar a reflexionar acerca de las implicaciones que tienen para el conjunto de la sociedad las políticas de datos en las plataformas de la economía colaborativa. Nos centraremos en dos ámbitos: las políticas públicas y la investigación. No por casualidad ambos están ligados al terreno institucional: en las políticas públicas desempeñan un papel central las instituciones de gobierno, mientras que la investigación se sigue llevando a cabo principalmente desde las instituciones de conocimiento por excelencia, las universidades.

Al señalar la importancia de la política de datos (y en concreto de los datos abiertos) en las plataformas de la economía colaborativa para la acción institucional, quisiéramos llamar la atención sobre la necesidad de generar nuevos recursos, nuevos comunes, para un modelo sostenible del ecosistema de la economía colaborativa. Adam Smith argumentaba en La riqueza de las naciones que el mercado sin recursos procomunes no puede operar; en la misma línea, Yochai Benkler lo argumenta en La riqueza de las redes respecto al entorno digital. Sin el común de las carreteras seria difícil pensar la movilidad física, y lo mismo ocurre en el entorno digital: sin comunes como nodos de conexión de datos, comunes de datos al servicio de las instituciones, el mercado y la sociedad, el ecosistema de la economía colaborativa se hace difícilmente sostenible y se decanta por un horizonte de impactos desempoderantes y extractivos, con implicación en muchos campos.

Prácticas de datos en la economía colaborativa

Por una parte, encontramos modelos que fueron los primeros en aparecer, como el que apuntábamos de Wikipedia, que se basan en una política de datos abiertos, en que las bases de datos sobre las interacciones que se llevan a cabo en la plataforma están disponibles para ser descargadas. Este tipo de modelos procomunes ha generado actividad económica a partir de los datos, como el ecosistema de empresas en torno a la Wikipedia; ha permitido ingentes estudios sobre los más diversos ámbitos de investigación, desde preferencias sociales hasta el estado de conflictos armados.

Otros casos, como el de Airbnb, se basan en un modelo cerrado de sus datos, que como es bien sabido supone un elemento de tensión con la administración de las ciudades (pues no tienen modo de conocer el volumen de actividad de la plataforma en la ciudad, o si esta respeta las regulaciones imperantes). También plantea problemas de cara a la privacidad y los derechos digitales de los usuarios y usuarias de las plataformas. Más allá de algunos datos ofrecidos por Uber, la situación es que son escasos los datos abiertos y accesibles sobre las grandes plataformas disruptivas que concentran la actividad de este sector en las ciudades.

De cara a paliar esta deficiente situación, han aparecido iniciativas pioneras y creativas. Como es el caso de Inside Airbnb, que ofrece datos obtenidos a través de web scraping o rastreo de datos de la plataforma Airbnb. O como el proyecto europeo DECODE, que desarrolla y provee infraestructuras para garantizar que toda esta economía digital emergente centrada en los datos (hasta ahora principalmente explotados con fines privados, muy a menudo al margen de consideraciones éticas básicas), generados y recopilados gracias a la interacción de la ciudadanía, estén disponibles para un uso social y comunal más amplio, así como con las protecciones de privacidad adecuadas.

En el contexto concreto de la ciudad de Barcelona existen ya una serie de ejemplos sobre cómo la articulación de datos abiertos sobre alternativas económicas o participación ciudadana son posibles a nivel estratégico, económico y tecnológico, también con el apoyo de las comunidades a las que contribuye a empoderar. Así, encontramos iniciativas de mapeo de actores de la economía procomún, social y solidaria (como P2Pvalue, Pam a Pam o Teixidora), monitoreo ambiental basado en sensores abiertos (iniciativa Smart Citizen), estadísticas públicas de crowdfunding cívico (a través de plataformas como Goteo) y mapas de puntos de acceso ciudadano a Internet (Guifinet). O la plataforma Decidim, infraestructura abierta de democracia participativa de código libre para ciudades y organizaciones, en evolución constante y que estrenará un piloto de soberanía de datos en el marco del proyecto DECODE.

Nuevas políticas públicas, informadas

La falta de acceso a los datos de las plataformas que operan en la ciudad hace muy difícil su regulación, así como la intervención para hacer frente a los impactos disruptivos que generan, así como para aprovechar las oportunidades que estas ofrecen. Como indicamos, el acceso a los datos es uno de los principales elementos de tensión entre las plataformas y la administración pública. Los defensores de modelos cerrados de datos argumentan la capacidad de «autorregulación» de las grandes plataformas, como plantea Arun Sundararajan. Su principal argumento se basa en que, como las grandes plataformas cuentan con sus propios datos, están en una posición estratégica por encima de las administraciones, que tendrían que quedarse al margen.

Del otro lado encontramos a aquellos que apuntan a la oportunidad que suponen los datos abiertos para un desarrollo más participativo de las políticas públicas, no dejando al margen a la administración, sino involucrando en mayor medida a la ciudadanía. Las alternativas a varias problemáticas generadas por las economías de plataforma pasan por desplegar un cierto grado de experimentación en políticas públicas y promoción de nuevos modelos procomún y abiertos, más allá de regulaciones restrictivas «contra» el modelo imperante de los grandes operadores unicornios. Esta es la perspectiva que se debatió y articuló junto a diferentes actores de la economía colaborativa procomún durante Procomuns en Barcelona en 2016 y 2017, en sintonía con otros foros sobre el cooperativismo de plataforma en Nueva York o como Open Coop en Londres.

Una de las conclusiones apunta a que la apertura y el análisis de datos sobre economía colaborativa pueden desempeñar un papel fundamental para acelerar la necesaria comprensión y toma de decisiones por parte de administraciones y agentes públicos, siguiendo la estela de promoción de datos públicos abiertos iniciada por entidades como BCN Open Data o The Data Place. Para ello, el próximo encuentro Sharing Cities Summit este mes noviembre (en Barcelona) tratará de forma prioritaria la necesidad de trazar estrategias conjuntas para facilitar que la ciudadanía pueda acceder, gestionar y participar de la gobernanza de los datos que generan en la interacción con las plataformas digitales y, también, de su dimensión económica.

Investigación-acción social

La segunda derivada que es necesario activar en torno a los datos que se pueden generar para y desde la economía colaborativa, tal y como analizamos desde Dimmons con una perspectiva multidisciplinar del fenómeno, pasa por desplegar iniciativas transversales de investigación-acción, que impacten en el cruce de lo digital con la denominada economía social. En este caso el dilema y la urgencia parten de una asimetría políticamente preocupante: por un lado, plataformas extraccionistas de modelo «unicornio», con una posición dominante, proporcionan datos de forma controlada (que no abierta) para investigaciones favorables que suelen lograr un cierto impacto en la literatura académica. Por otro lado, las investigaciones que critican o arrojan preocupaciones sobre el impacto de esas empresas suelen resultar difíciles y complejas, porque los pocos datos disponibles a menudo no cumplen con los estándares académicos de validación. Sin embargo, con el auge de prácticas como la ciencia ciudadana, y algunas experiencias en ese campo que entienden la participación de diferentes comunidades en la investigación más allá de la mera recopilación masiva de datos (con ejemplos de referencia como OpenSystems o Public lab), se abre un campo prometedor en que (sumado a todo lo anterior) también se puedan generar y compartir datos abiertos sobre la economía colaborativa en las ciudades.

Un reto que pasa por la cultura de datos

Sin embargo, ningún despliegue tecnológico y social que pase por los datos (abiertos o no, en mayor o menor volumen, mejor o peor visualizados, etc.) puede pretender ser comprendido o tener efectos por sí mismo. Varias perspectivas señalan, tanto desde el mundo académico como desde diferentes comunidades de desarrollo, que hay una narrativa necesaria en torno a los datos, en el marco de una cultura emergente que debe evolucionar mientras los algoritmos o la inteligencia artificial aceleran el procesamiento masivo de la información que generamos. Los datos son dinámicos y cambian constantemente, ofreciendo pistas en todo momento sobre lo que viene o interesaría corregir. Pero una cultura de datos que se nutra únicamente de perfiles tecnológicos, científicos o técnicos y que no trate de incorporar el mayor número posible de puntos de vista y problemáticas, carece de la base necesaria para afrontar los retos de la transformación social y económica de lo digital.

Desde la perspectiva de la ciudad como espacio paradigmático de abertura –cuestionando cómo se visualiza su patrimonio, su actividad económica o sus reivindicaciones sociales en su capa física y su capa digital–, y como parte de la Bienal de Pensamiento de Barcelona, se celebrarán en la ciudad del 15 al 22 de octubre encuentros de un eje de conocimiento digital abierto (comisionado por Mayo Fuster y Thais Ruiz) para debatir sobre la gobernanza y alcance de los datos. Un espacio de debate más donde, entre otras cosas, revisitar el formato de datathon el 20 de octubre en un encuentro transdisciplinar que organizamos desde Dimmons y Liquen Data Lab junto a comunidades en torno a Wikipedia y la memoria de la co-creación colaborativa de la ciudad, en particular la que involucra a las mujeres. Para la ocasión se abrirá, por ejemplo, el thesaurus de datos ligados al nomenclátor de calles de Barcelona. Un encuentro entre varios en los que tratar otras preguntas, básicas y complejas, sobre lo que generan las dimensiones democráticas de la gestión de datos y sus conexiones con nuevos conocimientos y problemáticas, contribuyendo así a una nueva cultura procomún en torno a los datos sin la que no parece posible articular alternativas.

Abriendo un procomún de datos para la economía colaborativa

Por las diversas razones que hemos ido presentando, y siguiendo recomendaciones como las del último informe de Nesta para DECODE, quisiéramos abrir de este modo el debate público e invitar a la co-creación de un procomún de datos sobre economía colaborativa, para así contribuir a hacerla más sostenible. En formato aún beta, en fase de desarrollo y abierto a la creación de un consorcio para su ulterior desarrollo, pensamos que un procomún de datos en torno a la economía colaborativa, como nodo que sistematice, articule y ayude a cruzar de modo federado fuentes de datos, puede ser un recurso valioso. Una estrategia complementaria a las que ya hemos citado, de cara a generar actividad económica en torno a los datos de las plataformas, favorecer una regulación que responda al interés general y con formatos más abiertos para la ciudadanía, y que al mismo tiempo expanda el potencial para la investigación que contiene la agregación de datos abiertos, haciendo frente a prácticas poco éticas en la investigación en economía colaborativa.