Privacidad e innovación: ¿una suma imposible?

Cartel «Propiedad privada. No vía pública». Cambridge, USA, 1954-1959. Fuente: MIT-Libraries.

De hecho, el tipo de afirmaciones que cuestionan la utilidad de la regulación suelen partir de actores concretos, normalmente vinculados a la industria tecnológica, y no son gratuitas. En 2010, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, afirmó que «la privacidad ha dejado de ser una norma social», y hay que plantearse si esta aseveración fue una descripción de la realidad o el deseo del propietario de una empresa de publicidad que basa su modelo de negocio en la minería de datos.

En realidad, los datos demuestran que la privacidad cotiza al alza. A pesar de que vivimos en sociedades tecnofílicas, los casos de robo de fotografías de personas famosas, el bullying entre adolescentes con la ayuda de material robado de redes sociales o los robos de identidad aprovechándose de datos mal custodiados, por no hablar de la denuncia del espionaje masivo del ex analista de la CIA Edward Snowden, apuntan cada vez más a una sociedad que exige un debate abierto y serio acerca del impacto de las nuevas tecnologías sobre nuestras vidas y garantías democráticas. Aunque generalmente se afirma que los jóvenes no dan ninguna importancia a la privacidad y comparten alegremente datos sensibles en las redes sociales, lo cierto es que los adolescentes son mucho más activos gestionando su privacidad en línea que muchos adultos: la diferencia es que los adolescentes esconden información sobre todo a personas cercanas y concretas (padres y madres, profesores, compañeros de escuela), y son menos conscientes de las posibles implicaciones futuras (empleabilidad) o de la vigilancia estatal. De forma similar, las encuestas del CIS en España muestran, entre 2008 y 2011 (no hay datos posteriores), un descenso del 5% en el apoyo a la videovigilancia, las quejas a la Agencia Española de Protección de Datos aumentan año tras año y espacios de divulgación como la exposición Big Bang Data en el CCCB, que sensibiliza sobre la explosión de los datos personales y sus usos, atraen a miles de visitantes.

La privacidad, pues, no parece que tienda a desaparecer, sino todo lo contrario. La conciencia de que ciertas soluciones tecnológicas abusan de la confianza que depositan en ellas los usuarios es la causa, cada vez más, de sonados y costosos fracasos. Solo en febrero de 2014, por ejemplo, cuando se hizo público que la empresa de mensajería instantánea Whatsapp no custodiaba adecuadamente las conversaciones, que podían ser accesibles para terceros, el anuncio llevó a dos millones de españoles a migrar a un servicio alternativo, Telegram. La mala gestión de los datos, pues, y la incapacidad para reconciliar privacidad e innovación llevaron a Whatsapp a perder una parte significativa de su cuota de mercado en España. De manera similar, las ciudades de Londres y Nueva York han tenido que desmantelar sistemas de conteo y seguimiento de personas en espacios públicos durante los últimos meses, al revelar los medios de comunicación la existencia de sistemas de monitorización de datos y análisis de localización a través del seguimiento de las direcciones MAC de los teléfonos móviles de los peatones integrados en papeleras y cabinas de teléfono. De nuevo, el desprecio por la privacidad lleva al fracaso de iniciativas concretas que se llaman innovadoras, pero que han sido incapaces de incorporar la variable de la aceptabilidad social y la confianza de consumidores y ciudadanos. ¿La innovación impide, pues, la privacidad? Seguramente solo en aquellos casos en que los desarrolladores de soluciones tecnológicas olvidan tener en cuenta el respeto a los sujetos de datos de los que dependen sus modelos de negocio.

Drone con cámara digital GoPro. Fuente: Wikimedia Commons.

Uno de los debates más vivos actualmente acerca del pulso innovación/regulación se produce en torno a los vehículos aéreos no tripulados, los popularmente conocidos como drones. Según Business Insider, el mercado para estos dispositivos alcanzará los 98.000 millones de dólares en los próximos diez años. Cientos de pequeñas y grandes empresas han invertido en ellos. Sin embargo, su marco legal es aún indefinido, y la reciente prohibición temporal de su uso por parte de la Dirección General de Aviación Civil española ha propiciado un debate precisamente sobre cómo los obstáculos formales entorpecen el camino de la innovación. Existe, sin embargo, otra forma de enfocar la discusión: ¿podemos permitirnos como sociedad la generalización de vehículos aéreos que no ofrecen garantías básicas a los ciudadanos en términos de su seguridad y privacidad, y que no han definido las medidas de rendición de cuentas y control en el uso de un bien público común como es el espacio aéreo? Para ponerlo más fácil: ¿deben poder volar unos dispositivos que si caen sobre alguien o graban espacios privados son totalmente irresponsables?

Pensemos por un momento en otra tecnología que en su momento supuso un cambio a muchos niveles: el coche. Con la invención del motor creamos vehículos capaces de acortar los tiempos de viaje y reducir los costes del transporte, pero que también podían provocar accidentes graves. Por lo tanto, llegamos a compromisos: se obligó a los fabricantes a construir coches con medidas de seguridad para pasajeros y peatones, se establecieron velocidades máximas, se instalaron semáforos y se creó un sistema de matrículas que identificaban cada vehículo con mecanismos asociados de seguros y responsabilidad civil. No se ganaron todas las batallas, y hoy los coches son todavía capaces de ir a velocidades muy superiores a las legales, pero a ningún fabricante se le ocurriría hoy en día sacar al mercado un coche sin cinturón de seguridad, aunque instalarlos tenga un coste adicional.

La regulación, por lo tanto, solo impide o dificulta la mala innovación. Aquella que no ha sido capaz de entender los valores y las necesidades de la sociedad en la que se inserta, las expectativas de sus potenciales clientes y los consensos sociales traducidos en leyes. En el mundo de la innovación, ocurre a menudo que construimos soluciones sin que hayamos llegado a los consensos sociales, políticos y legales que permitirán minimizar sus potenciales efectos negativos. Cuando esto ocurre, las soluciones innovadoras se enfrentan a un reto adicional: proponer consensos aceptables. El día en que los drones sean capaces de proporcionar soluciones para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos (en caso de que se les caiga un drone en la cabeza, o sean filmados en espacios privados por objetos volantes no identificados), la legalización y aceptación social de estos dispositivos, y las promesas de negocio, estarán más cerca.

La exigencia de una innovación que reconcilie excelencia con responsabilidad social, ética y legal, de hecho, emerge de la constatación de que, en los últimos años, un porcentaje relevante de los procesos de innovación tecnológica ha minimizado su impacto social, lo que ha provocado «fiascos» políticos, tecnológicos, sociales y económicos que han ido en detrimento de todos los actores implicados. Cuando las empresas invierten en nuevos sistemas, ya sean drones, mecanismos de rastreo en papeleras o cabinas de teléfono, sistemas de vigilancia marítima, escáneres corporales, aplicaciones móviles o soluciones smart urbanas, el desprecio por la privacidad de los clientes, usuarios o ciudadanos tiene un coste cada vez más elevado. La acumulación de estos «fiascos» es lo que lleva a un número creciente de entes públicos y privados a exigir que toda nueva iniciativa, estrategia o proyecto incorpore un estudio de impacto legal, ético y social, o a instituciones como el CCCB a abrir el debate de la reconciliación entre la privacidad y la innovación.

Lejos de ser un nuevo nivel de burocracia o una exigencia banal, la incorporación de variables relacionadas con la deseabilidad, la aceptabilidad, la ética y la gestión de datos de las propuestas de innovación aborda un error de mercado que es cada día más evidente y urgente: la necesidad de aportar soluciones tecnológicas promotoras de la privacidad (lo que en inglés se conoce como privacy-enhancing technologie) que respondan a las necesidades de ciudadanos, ayuntamientos, fuerzas policiales, empresas, etc. No apostar hoy por la investigación en sistemas de anonimización y encriptación, ya sea la pseudoanonimización, la generalización o la randomización (y sus múltiples variables), por el respeto por los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, por los mecanismos de garantía del derecho al olvido y su reconciliación con la seguridad y la transparencia equivale hoy a autoexcluirse del futuro. No entender el respeto por la privacidad como una ventaja competitiva es hoy una forma de quedarse fuera del panorama tecnológico. Equivale a vender coches sin cinturón de seguridad, o renunciar a mejorar los sistemas de airbag.

¿Son, pues, inseparables innovación y privacidad? Solo en la medida en que podamos separar la innovación de la sociedad a quien va dirigida. Y todo parece indicar que las generaciones presentes y futuras exigen cada día con más fuerza ser protagonistas de la sociedad de la información, y no solo proveedoras de datos sin voz ni voto.