El poder contra las redes. La libertad de expresión en Internet

Ante la creciente importancia de las redes sociales para el activismo, los gobiernos incrementan el control sobre plataformas y usuarios de la red.

Pájaros en sus jaulas, China

Pájaros en sus jaulas, China | DaiLuo | CC BY

Desde hace más de dos décadas, las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas indispensables para cualquier proceso de cambio social. Por este motivo, gobiernos de todo el mundo endurecen cada vez más las medidas para controlarlas, ya sea mediante la censura de contenidos, el cierre de plataformas o la persecución directa a los usuarios. En los regímenes autoritarios, hostigan a la oposición política también en la Red; en las democracias representativas, presionan para aumentar la vigilancia bajo la amenaza del terrorismo. España presenta su propia fórmula particular, con una gestión muy polémica de la disidencia en nombre de la seguridad.

Del EZLN a Edward Snowden, el activismo que hace uso de las redes de comunicación e información ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en moneda corriente. Algo que pone de manifiesto el control cada vez mayor que los gobiernos de todo el mundo ejercen sobre Internet y las nuevas tecnologías. Según el informe «Freedom on the Net 2016», elaborado por la organización no gubernamental Freedom House, el 67% de los usuarios de Internet vive en países en los que criticar a las autoridades puede ser motivo de censura. A partir de datos extraídos de 65 estados entre junio de 2015 y mayo de 2016, la organización alerta de que la libertad en la Red ha disminuido por sexto año consecutivo, con más gobiernos que nunca vigilando qué se dice en las redes sociales y prohibiendo aplicaciones para detener la circulación de información, especialmente durante períodos de revueltas antigubernamentales.

Matar al mensajero. La presión sobre las herramientas

Tras las protestas electorales en Irán de 2009 y las posteriores revueltas de la Primavera Árabe, analistas y medios de comunicación popularizaron la idea de «revoluciones Twitter» o «revoluciones Facebook». Apenas ocho años después, estas redes sociales han dejado de ser el núcleo de organización de la disidencia política, y periodistas y activistas de muchos países han virado hacia herramientas de mensajería instantánea, más privadas y seguras, para evitar el control gubernamental.

La presión sobre servicios de mensajería encriptados como WhatsApp y Telegram ha aumentado tanto en gobiernos autoritarios como democráticos, en estos últimos como parte de la lucha antiterrorista. De los 65 países evaluados por Freedom House, 24 han impedido en algún momento del pasado año el acceso a redes sociales y otras herramientas de comunicación, 9 más que en 2015. En momentos políticamente convulsos, 15 gobiernos han bloqueado incluso toda conexión a Internet para prevenir la diseminación de información, una práctica que llamó la atención en Egipto en 2011 pero que es cada vez más frecuente, como en las protestas en Etiopía de octubre de 2016.

Protesta contra la aprobación de la Ley Mordaza. Madrid, 2014

Protesta contra la aprobación de la Ley Mordaza. Madrid, 2014 | Adolfo Lujan | CC BY-NC-ND

Con medidas menos drásticas, las democracias occidentales siguen presionando para obligar a los fabricantes y operadoras de telecomunicaciones a entregar datos privados para luchar contra el terrorismo, como ejemplifican las peticiones de Francia y Alemania a la Comisión Europea, o el rifirrafe que mantuvo el gobierno de Estados Unidos con Apple a raíz del atentado en San Bernardino a finales de 2015.

Penas severas sobre los usuarios

Más allá de las medidas contra canales y herramientas, el informe «Freedom on the Net 2016» alerta del preocupante aumento de las detenciones de usuarios corrientes de Internet. Desde junio de 2015, 38 países han arrestado a personas por su actividad en las redes sociales, 17 más que por publicaciones en periódicos o blogs. Además, las penas a las que se enfrentan son cada vez más severas y desproporcionadas, ya que en algunos casos se juzga a personas por el mero hecho de publicar, compartir o hacer «me gusta» a un contenido en Facebook. Sirva de ejemplo el caso de Andrei Bubeyev, un ingeniero ruso condenado a dos años de prisión por compartir en la red social Vkontakte una publicación que defendía que Crimea es parte de Ucrania, algo que solo vieron doce de sus contactos.

Aunque la persecución de la disidencia en Internet no es novedad en muchos países, la severidad de las penas parece perseguir un objetivo más ejemplarizante que de seguridad, incitando a la autocensura de la población. Las materias sensibles varían según el país, pero abarcan desde la crítica política hasta la religiosa, pasando por las acusaciones de corrupción, las opiniones sobre conflictos armados o la defensa de los derechos LGTBI y de grupos étnicos minoritarios. Algunos líderes mundiales también se muestran particularmente sensibles a la sátira, como en Egipto, donde un estudiante de 22 años fue condenado a tres años de prisión por publicar una foto del presidente Abdel Fattah Al-Sisi con unas orejas de Mickey Mouse.

España: Una gestión política de la seguridad

Aunque el informe «Freedom on the Net 2016» no contiene datos ni valoraciones sobre el caso español, es fácil encontrar paralelismos con algunas de las tendencias mencionadas. El más obvio es el de la Ley de Seguridad Ciudadana o «Ley Mordaza», aprobada en marzo de 2015. La norma afecta sustancialmente a los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión, y contiene dos aspectos polémicos en cuanto a Internet.

Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza | Atxe

En primer lugar, la ley penaliza la publicación sin autorización de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y otorga más discrecionalidad a la policía para requisar móviles y cámaras. Esto limita, por ejemplo, la retransmisión en línea de protestas en directo y la posibilidad de documentar abusos de poder. En segundo lugar, persigue la convocatoria de protestas no autorizadas a través de la Red, pudiendo considerar responsable de una manifestación a la primera persona que la anunció en una red social.

Aunque no se detalla de un modo explícito, el espíritu de la Ley Mordaza parece orientado a contener los movimientos sociales propios de la sociedad red. Como han estudiado ampliamente autores como Manuel Castells o Víctor Sampedro, el activismo político de la sociedad de la información se caracteriza por intervenciones en el espacio público llevadas a cabo por grupos de personas autoconvocadas y sin estructuras estables o liderazgos formales, organizándose únicamente a través de Internet. Aspectos que, de un modo u otro, son penalizados por la Ley de Seguridad Ciudadana, que limita la ocupación del espacio público sin permiso y permite responsabilizar de una manifestación a cualquier persona que la publicite en Internet, aunque no exista un responsable formal de la misma.

Dejando a un lado la Ley Mordaza, las autoridades españolas han intensificado también la persecución de opiniones en las redes sociales. Las sucesivas fases de la llamada «Operación Araña» han detenido a más de medio centenar de personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas por publicar mensajes o chistes en Internet. Las sentencias derivadas, algunas de ellas con condenas de prisión, despiertan serias dudas de proporcionalidad, así como una tensión evidente para aquellas personas que hacen uso de la Red y del humor y el sarcasmo para contrariar a las autoridades.

Así pues, España no es la excepción en un panorama internacional con tensiones crecientes en el uso político de Internet, tanto en regímenes autoritarios como en democracias representativas. Y aunque las violaciones de la libertad de expresión son flagrantes en algunos estados, no parece que exista una fórmula sencilla que permita analizar todas las situaciones por igual. En este sentido es especialmente útil la contribución de «Freedom of Connection, Freedom of Expression», un documento de la UNESCO que propone una «ecología de la libertad de expresión en Internet». Una metodología que, además de la ley, tenga en cuenta a todos los factores e intereses implicados: desde el derecho a la información hasta el discurso de odio y el acoso en línea, pasando por la neutralidad de la Red, la ciberseguridad, las leyes sobre privacidad, etc. Un universo complejo de correspondencias que varía en cada país y que recuerda que la hostilidad entre gobernantes y ciudadanos no solo depende de los límites legales, sino también de quién ostenta el poder y quién es vulnerable, así como de los consensos de opinión dominantes en cada sociedad.

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