El ciberactivismo africano contra la censura

Un avestruz muerto con los pies enredados en alambre de púas. Rift Valley, 1936 | Library of Congress | Dominio público

Si en los últimos años el universo digital se ha convertido en un reducto de la construcción social, también se ha descubierto como un lugar en que no es difícil acogotar los derechos más fundamentales. Cara y cruz de una misma realidad, un espacio de participación social y política en contextos de severas faltas de libertad, un escenario de experiencias innovadoras de ciudadanía, quizá en otros un poco más amables, y al mismo tiempo, un entorno abonado para el espionaje, un contexto en el que los derechos se pretenden violar y pisotear, a veces (solo, a veces) impunemente. El continente africano no solo no ha sido ajeno a este macabro juego, sino que ha sido un tablero privilegiado. Por algunas condiciones concretas, el continente africano ha sido el laboratorio de experimentación de muchas técnicas y herramientas de espionaje en Internet y de censura. Y en paralelo, es también el escenario de un dinámico y creativo movimiento de las sociedades civiles que intentan revertir la situación.

Hace ya más de una década que se activó la perniciosa alianza entre empresas que desarrollan herramientas de vigilancia en Internet y gobiernos africanos que quieren controlar procesos de contestación o, simplemente, a sus ciudadanos, en general, mucho más allá de los límites de los derechos humanos. Julie Owono es una abogada camerunesa afincada en Francia y la directora ejecutiva de Internet Sans Frontières, una ONG dedicada a la defensa de los derechos digitales. Owono explica que hace diez o quince años las empresas de espionaje digital se encontraron las condiciones perfectas para experimentar sus “soluciones” en algunos países africanos. Un terreno con pocos usuarios de Internet, es decir, una población perfectamente controlable y prácticamente virgen en el ámbito legal. «Había un práctico vacío jurídico en términos de derechos digitales, de derecho a la intimidad, de protección de los datos personales», comenta Owono.

En este contexto se ensayaron los sistemas DPI (Deep Packet Inspection) que permiten espiar sistemáticamente las comunicaciones sobre la base de contenidos clave, o las herramientas que permitían «mapear» comunidades, hacer un mapa de quién era quién en un colectivo de contestación, quién hablaba con quién, cómo se relacionaba a través de las conversaciones. A lo largo de los últimos años los nombres de países como Etiopía, Egipto, Gabón o Nigeria han aparecido vinculados a la compra de herramientas espía para controlar las comunicaciones de sus ciudadanos. Al otro lado, empresas italianas, francesas, británicas o israelíes aparecen como las vendedoras de esas herramientas. Owono recuerda el caso de la empresa francesa Amesys, que ha sido llevada a los tribunales por la organización FIDH como presunta cómplice de los crímenes cometidos por el régimen libio de Gadafi, debido a que aparentemente las herramientas de la compañía gala permitían al dictador libio identificar a los disidentes.

En cualquier caso, los bloqueos, los apagones de Internet son, en realidad, la fórmula preferida de los gobiernos para censurar y controlar la actividad en el entorno digital. La campaña #KeepItOn documentó 56 apagones en veintiséis países de todo el mundo, durante el año 2016, dieciocho de ellos en una docena de países africanos. Las autoridades del continente se habían abandonado con especial soltura a esta deriva censora. El año anterior la cifra de países africanos sobre los que se había extendido el silencio digital había sido la mitad. La campaña liderada por la organización AccessNow y en la que Internet Sans Frontières ha tenido un gran protagonismo, sobre todo, en la información sobre África, pretendía denunciar y sensibilizar. Denunciar la facilidad con la que los gobiernos recurrían a estas medidas y sensibilizar sobre la gravedad de esa práctica.

Julie Owono recuerda, para justificar la campaña, que cuando los gobiernos cortan Internet es para cometer atropellos. En los casos africanos, Internet se bloqueó en Etiopía en medio de una severa ola de protestas en Oromia y en procesos de contestación se produjeron los apagones también en Zimbabue, Mali o la RD Congo, mientras que en países como Uganda, Gabón, Chad, Congo-Brazzaville o Zambia los cortes se produjeron durante o después de las elecciones. En todos los casos, es la efervescencia social lo que se intenta silenciar y la posible represión lo que se intenta ocultar.

La campaña también tuvo una considerable responsabilidad en la resolución con la que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elevaba el acceso libre a Internet a la categoría de derecho humano. Naciones Unidas avalaba el principio por el que «los mismos derechos que los ciudadanos tienen offline deben ser protegidos también online». Y de la misma manera, en abril de este año, los treinta gobiernos que forman parte de la Freedom Online Coalition se comprometieron a denunciar los apagones y a luchar contra ellos. Estos gestos y los de otras organizaciones internacionales muestran un cambio de mentalidad en relación al espionaje, el control y la censura en Internet.

Las estrategias para defender los derechos digitales tienen diferentes caras porque son muchos los actores con papeles principales en este escenario. Las organizaciones de defensa de los derechos digitales recuerdan que la amenaza a la libertad en el espacio virtual viene de los estados, pero también de las empresas. Julie Owono advierte que en el continente africano la legislación en materia de tratamiento y protección de datos personales es muy escasa. «No hay límites, no hay reglas. Las empresas pueden recabar y almacenar más datos personales que en Europa. Los organismos encargados de proteger los datos personales en la mayor parte de los países africanos o no tienen los recursos para hacerlo de manera eficaz, o están demasiado cerca de las propias empresas», explica la abogada camerunesa.

Las operadoras de telecomunicaciones son una amenaza para los derechos digitales, de manera voluntaria o involuntaria. Voluntaria porque tienen acceso a un tremendo volumen de datos que, como se sabe, son una materia de comercio común, y porque en este sentido tienen muy pocos controles legales. Involuntaria porque, en ocasiones, también son presionadas por los gobiernos para poder usar los datos a los que tienen acceso. La directora ejecutiva de Internet Sans Frontières cuenta cómo, en Camerún, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones ha enviado mensajes de texto amenazadores usando la red de las operadoras en los que advertían de las penas por difundir mensajes falsos, en pleno estallido de la conflictividad social.

Por este motivo, estas empresas operadoras se han convertido en el objetivo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Mientras trabajan para aumentar el control legal y sabiendo que los caminos legislativos son tortuosos y sus tiempos son lentos, han buscado una solución alternativa: cambiar la realidad mientras no cambian las leyes. Tratan de convencer a las operadoras de que ganarán más dinero si no se prestan a los apagones impuestos por los gobiernos y, al mismo tiempo, advierten a las empresas cómo esta violación de los derechos puede afectar a su reputación internacional, que al mismo tiempo es también un patrimonio.

Las organizaciones que luchan contra los apagones de Internet en África han explorado una nueva vía para animar a las empresas a no aceptar las presiones de las autoridades: la de la motivación. Y qué motivación mejor para una empresa que los resultados económicos. Los bloqueos de la red provocan pérdidas y esa es la línea de trabajo más reciente: documentar y difundir la cantidad perdida por un apagón, una estrategia que también se ha desarrollado en otros países.

Aunque el año comenzó con un apagón en Camerún, Julie Owono es optimista de cara al futuro. «En 2016 hubo un pico de bloqueos de Internet en África, precisamente por la falta de conciencia de la gravedad de esta medida. Pero lo que ha permitido la fuerte movilización de 2016 ha sido implicar a muchos más actores. Estoy casi segura de que los apagones irán disminuyendo», explica la directora ejecutiva de Internet Sans Frontières.

Después de las campañas, las movilizaciones y el trabajo conjunto de activistas del continente y de otros lugares, la presión frente a los cortes y el control de Internet, en general, ya no es patrimonio de las organizaciones de la sociedad civil. La ONU se ha implicado en la defensa de los derechos digitales; las operadoras saben que pierden dinero cuando las autoridades cometen atropellos; las empresas del sector tecnológico también saben que un Internet accesible a todos aumenta su negocio. Sin embargo, el activismo y la solidaridad han sido las principales armas para avanzar hacia un Internet libre y accesible. Ese horizonte sigue estando lejos, pero los ciberactivistas africanos cada vez están más sensibilizados, más preparados, más organizados y más conectados en todo lo relacionado con la seguridad digital.